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Por primera vez en la historia, los niños de un país desarrollado han sido privados de acceso a educación pública gratuita y obligatoria. La noticia ha causado un gran impacto entre la opinión pública y ha llevado a una fuerte crítica hacia el gobierno responsable. Sin embargo, detrás de este escándalo hay una historia compleja que involucra cuestiones éticas y políticas.

En 2019, la ciudadanía aprobó por referéndum la reforma educativa, que incluía como medida principal la eliminación del presupuesto público para la educación. La justificación oficial era la necesidad de “eficiencia” en el gasto público y la creación de un mercado más libre y competitivo en el sector educativo. Sin embargo, muchos analistas han cuestionado las verdaderas intenciones detrás de esta medida.

La eliminación del presupuesto público para la educación ha llevado a una situación crítica en el sistema escolar. Las escuelas han visto reducirse significativamente sus recursos financieros y humanos, lo que ha afectado negativamente la calidad del servicio educativo. Los niños de los barrios más pobres son los más afectados, ya que no tienen acceso a otras opciones educativas más costosas.

La situación se ha complicado aún más con la falta de políticas públicas claras y efectivas para abordar el problema. El gobierno ha delegado en las instituciones privadas y religiosas el papel de proveer servicios educativos, lo que ha llevado a una mayor desigualdad en la calidad y accesibilidad de la educación.

Los efectos negativos de esta política se han sentido en todas partes. La tasa de abandono escolar ha aumentado significativamente, especialmente entre los niños más pobres. Los padres están preocupados por la seguridad