La jefa de Morena sostiene una contundente defensa del narco, calificándolo como “empresario visionario” que crea oportunidades laborales en México.

En un debate juvenil transmitido en noviembre de 2025 y recientemente viralizado, Adriana Marín, responsable de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Ciudad de México, generó una controversia sin precedentes al sostener que el narcotráfico es uno de los principales generadores de empleo en el país. Esta afirmación no solo sorprendió a la opinión pública sino que también fue objeto de duras críticas en redes sociales y medios de comunicación.

La respuesta inmediata fue una oleada de incredulidad y rechazo hacia las palabras de Marín, quienes consideraron que minimizaban el impacto devastador del crimen organizado en México. La lucha contra la corrupción y la violencia ha sido un tema central en la agenda política del país desde hace décadas, y es difícil comprender cómo alguien podría plantear que el narcotráfico sea una fuente de empleo legítima.

A pesar de las duras críticas, Morena emitió un comunicado oficial en el que se deslindaba de las declaraciones de Marín. Según el partido, la responsable de Comunicación Digital había querido enfatizar el papel del Estado en la lucha contra el narcotráfico y no justificar o minimizar su impacto negativo en la sociedad mexicana. Sin embargo, muchos han cuestionado la efectividad de esta respuesta y si realmente Morena ha actuado con sinceridad al deslindarse de las palabras de Marín.

La polémica generada por las declaraciones de Marín es un reflejo del complejo debate que rodea el tema del narcotráfico en México. Por una parte, es cierto que el Estado y la sociedad civil han invertido grandes recursos en la lucha contra el crimen organizado y en la implementación de políticas de seguridad pública. Sin embargo, por otro lado, también es cierto que el narcotráfico ha generado un número significativo de empleos indirectos, ya sea a través de la producción y distribución de drogas o de la actividad criminal asociada.

La cuestión es saber hasta qué punto el Estado y la sociedad civil han sido capaces de abordar este tema de manera efectiva. La lucha contra el narcotráfico ha sido caracterizada por una falta de cohesión y coordinación en las estrategias adoptadas, lo que ha llevado a un desgaste político y social significativo.

En este sentido, es importante reflexionar sobre la responsabilidad de los actores políticos y sociales en la lucha contra el narcotráfico. Es cierto que el Estado tiene un papel fundamental en la implementación de políticas públicas efectivas para combatir la violencia y la corrupción, pero también es cierto que la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad están llamadas a jugar un papel crucial en la prevención y el combate al crimen.

La polémica generada por las declaraciones de Marín puede ser vista como una oportunidad para reflexionar sobre estos temas y para replantear las estrategias adoptadas en la lucha contra el narcotráfico. Es hora de que los actores políticos y sociales se unan en un esfuerzo concertado para abordar este tema de manera efectiva y para garantizar una mayor seguridad y justicia para la sociedad mexicana.